Microeconomía

Un artí­culo reciente de América Economí­a comentado hace un par de semanas en La República
nos trae una muy buena noticia. Las tres primeras empresas de mayor rentabilidad en el subcontinente son empresas públicas. Se trata de PEMEX, PDVSA y PETROBRAS.

Las tres son empresas petroleras. Sus ventas ascendieron a 70,000, 63,000 y 41,000 millones de dólares, respectivamente. Las cifras aparecen impresionantes si las comparamos con algunas cifras macroeconómicas de nuetro paí­s.

El valor de las exportaciones peruanas también ha sido extraordinario el año 2005 . Ascendió a 17,000 millones de dólares. De otro lado el PBI expresado en dólares corrientes ascendió a 73,000 millones de dólares. Toda la producción de bienes y servicios del paí­s fueron un poco mayores a las ventas de la empresa petrolera mexicana. Las ventas de la petrolera brasileña fueron iguales a 2.4 veces las exportaciones peruanas. Las ventas de la petrolera venezolana representaron el 86% del PBI peruano.

Las cifras parecen más impresionantes si consideramos el valor de la renta petrolera. El costo promedio de producción de un barril de petróle es de, aproximadamente, 8 dólares; considerando el precio internacional de 68.8, la renta petrolera por barril asciende a 60.8 dólares. Cada barril de petróleo genera una renta del 88%.

El comentario de La República como de América Economí­a, llaman la atención frente al hecho que estas empresas, extraordinariamente rentables, son empresas públicas. Como si el carácter público de la empresa fuera significativo para la generación de rentabilidad. La rentabilidad de estas empresas tiene que ver con el mercado y especí­ficamente con la demanda. Los altos precios del petróleo en la última década hacen rentables a toda empresa petrolera. Su carácter público o privado nada tiene que ver aquí­.

Sin embargo, dada la rentabilidad de la empresa, su carácter público es importante para la distribución del excedente. Y no nos referimos al pago de impuestos. La tasa impositiva ya considera el impacto de cambios en la rentabilidad. Nos referimos a la distirbución del excedente luego de impuestos. El Estado percibe más por la ví­a de los impuestos y más todaví­a por la ví­a del excedente neto.

México, como Venezuela y Brasil se encuentran en una situación envidiable al contar con miles de millones de dólares que pueden financiar buena parte de las demandas sociales más sentidas por la población, particularmente la población en extrema pobreza.

Lamentablemente el Perú no es un exportador neto de petróleo. Sin embargo sí­ es productor de petróleo y los altos precios en el mercado internacional han generado también, montos extraordinarios de renta petrolera en nuestras empresas. Petroperú, por ejemplo, ha generado más de 200 millones de dólares en beneficios el año pasado.

Y esto nos hace recordar que la UNI cuenta con su empresa petrolera. De tal manera que es pertinente preguntarnos por el monto y el destino de la renta petrolera de la UNI.

La UNI tiene una concesión de 1554 hectáreas en el lote IX Nor Oeste con una producción diaria de 450 BOPD (barriles de petróleo diario, barrels of oil per day). De acuerdo con la Canadian Petroleum Institute esta producción proviene de 66 pozos activos del área concesionada que cuenta con reservadas probadas de un millón de barriles.

El contrato de concesión se firmó en 1993 y tiene una vigencia de 20 años. El año 2003 la producción anual fue de 113000 barriles. Considerando la producción diaria de 450 barriles la producción anual del 2005 debió llegar a 162000 barriles. La renta petrolera habrí­a sido de 9,849,600 dólares. Casi diez millones de dólares, poco más de 34 millones de nuevos soles.

Estas estimaciones tienen carácter preliminar y están limitadas a las fuentes de información que, verbigracia, son muy limitadas. Si se ingresa al portal de la UNI y se ingresa al enlace de las Empresas, allí­ se encuentra el enlace de UNIPETRO ABC. Click sobre este enlace y… nada, el sistema nos devuelve a la página anterior. UNIPETRO ABC se enorgullece de ser la única empresa en el mundo administrada por una Universidad Pública. Parece que también es la única empresa administrada por una universidad pública en el mundo que no muestra información de sus resultados a sus accionistas y donde sus accionistas parece que no deciden sobre el destino de la renta petrolera.

El año 2001, cuando se reaperturó el Comedor Universitario, el gasto realizado ascendió a 200,000 dólares y fue cargado a las utilidades transferidas de UNIPETRO ABC. Esta información aparece publicada en la Gaceta de la UNI No. 75. No conocemos más sobre las utilidades de esta empresa. Ni de los ingresos que genera el hipermercado Metro, ni de las otras empresas de la UNI.

Lamentable conducta de una Universidad que se precia de ser emprendedora. Las rentas empresariales, particularmente la petrolera, deberí­an conocerse y deberí­a conocerse su destino. Esas empresas fueron construidas bajo el pretexto de generar recursos propios para mejorar la universidad.

Hace poco, a fin de año me encontré con un colega de la UNAC. Estabamos en el supermercado PLAZA VEA del Callao. Mi colega me contó que habí­a recibido un vale por 200 nuevos soles como parte de su gratificación por parte de la Universidad. Y también un vale por 70 nuevos soles para el hipermercado Metro. Y también una canasta de viveres, además de panetón y pavo. Yo no supe que decirle. Entonces con mucho orgullo le informé que eramos la única universidad pública que administraba una empresa petrolera en el mundo y que también tení­amos un hipermercado en nuetros terrenos. Aunque solo recibí­ un panetón y un pavo de 7 kilos.

Cosas que ocurren en las universidades emprendedoras.

La promulgación por parte del Congreso de la República de la Ley 28637 el 6 de Diciembre último, ha causado inusitadas preocupaciones en la burocracia de las Universidades Públicas, al punto que los grupos de poder se han organizado para neutralizar la ley mediante "interpretaciones auténticas" de la misma, las que se van a incorporar al Estatuto de las Universidades. Se abre así­ un proceso que va a conducir, de una u otra manera, a una crisis polí­tica tan grave o más que las sufridas por la UNI, la Universidad de Trujillo y la Universidad de Puno, en los dos últimos años.

LAS MODIFICACIONES DE LA LEY UNIVERSITARIA

La ley universitaria, 23733, fue promulgada el 17 de Diciembre de 1983 durante el Gobierno de Fernando Belaúnde, y ha sufrido de hasta tres modificaciones. La primera en Mayo de 1994 mediante la Ley 26302. La segunda mediante la ley 26554 de Diciembre de 1995, ambas durante el Gobierno de Alberto Fujimori. La tercera modificación se realizó mediante la ley 28637 del 6 de Diciembre del 2005. Esta ley deroga las leyes promulgadas durante el Gobierno de Fujimori y restitiye modificándolos, los artículos 35, 36 y 37.

Los artí­culos 35, 36 y 37 de la Ley Universitaria forman parte del capí­tulo IV, DEL GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES. El art. 35 se refiere al Rector, duración del mandato, reelección y dedicación. El art. 36 hace lo mismo en cuanto a los vice rectores y, finalmente, el art. 37 se refiere al Decano en los mismos términos.

En la ley hay otros dos artí­culos que consideramos importantes por cuanto se relacionan a los contenidos de los art. 35, 36 y 37. El primero de ellos, el artí­culo 34, en el mismo capí­tulo IV de la Ley, señala los requisitos que se deben cumplir para ser elegido rector. Textualmente se dice:

"Tener el grado de Doctor, o el más alto tí­tulo profesional, cuando en el paí­s no se otorgue aquel grado académico en su especialidad."

Este artí­culo no ha sido modificado en ninguna de las tres leyes posteriores que modificaron la Ley Universitaria. El segundo artí­culo a considerar es el artí­culo 48 del Capí­tulo V, DE LOS PROFESORES. Este artí­culo fija los requisitos para ser Profesor Principal. Téngase en cuenta que ser Profesor Principal es pre requisito para ser elegido Decano, Vice Rector o Rector. El artículo 48 dice textualmente:

"Para ser nombrado Profesor Principal, haber desempeñado cinco años de labor docente con la categorí­a de Profesor Asociado, tener el grado de Maestro o Doctor y haber realizado trabajos de investigación de acuerdo con su especialidad. Por excepción podrán concursar también a esta categorí­a, profesionales con reconocida labor de investigación cientí­fica y con más de diez (10) años de ejercicio profesional."

Igual que el artí­culo 34, este artÃí­culo no ha sido modificado en ninguna de las tres leyes posteriores que modificaron la Ley Universitaria.

Veamos ahora las modificaciones introducidas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Estas se realizaron en Mayo de 1994 y en Diciembre de 1995.

El Art. 35 se mantiene sin modificación alguna. El Art. 36 se mantiene sin modificación alguna. Es en el Art. 37 donde el Gobierno de Fujimori introduce modificaciones. El cuerpo del Art. 37 original, tiene tres párrafos. Los dos primeros párrafos no han sido modificados. La ley de 1994 modifica el tercer parrafo. El tercer parrafo original dice:

"El Decano es elegido por un perí­odo de tres años. Pudiendo ser reelegido con el voto de los dos tercios del Consejo de Facultad."

La modificación de 1994 dice:

"El decano es elegido por un perí­odo de tres años mediante voto de los dos tercios del Consejo de la Facultad. Puede ser reelegido."

La modificación de 1995 dice:

"El Decano es elegido por un perí­odo de tres años. Pudiendo ser reelegido con el voto de los dos tercios del Consejo de Facultad."

La modificación de 1995 restablece el parrafo original. El Decano puede ser reelegido y para ello requiere dos tercios de los votos. En la medida que los artí­culos 35 y 36 no fueron modificados y en la medida que la modificación del artí­culo 37 fue luego corregida, estas modificaciones no afectaron los artí­culos 35, 36 y 37 de la Ley de 1983 y, naturalmento, tampoco modificaron la relación de estos con los artí­culos 34 y 48 que, como dijimos antes, están relacionados.

Veamos las modificaciones de la Ley 28637 de Diciembre del año pasado.

En cuanto al artí­culo 35 se prohibe la reelección inmediata y también ser candidato a Vice Rector. Se permite que el Rector pueda asumir la función de Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores.

En cuanto al artí­culo 36 se prohibe la reelección inmediata.

En cuanto al artí­culo 37, igual que con el artí­culo 36 y el artí­culo 35, se prohibe la reelección inmediata. Pero hay más. Se modifican los requisitos para ser elegido Decano. El art. 37 de la Ley de 1983 señala que el candidato a Decano debe tener:

"el grado de Doctor o el más alto tí­tulo profesional cuando en el paí­s no se otorgue dicho grado en la especialidad."

Mientras que la Ley 28637 señala que el candidato a Decano debe tener:

"el grado de Doctor o Magister en la especialidad."

Esta ley, la 28637, ha sido bien recibida por la comunidad universitaria, que en los últimos años ha venido luchando por mayor democracia para la elección de autoridades que se perennizan en el poder. Con esta ley se da un paso muy importante en esta dirección, al prohibir la reelección inmediata del Rector, los Vice Rectores y los Decanos. Este parece ser el objetivo principal que persigue la ley. Pero junto con este tema se ha introducido una modificación que resulta también trascendente.

La ley demanda que el Decano tenga el más alto grado académico, Doctor, o el siguente grado académico, Magister. En cualquier caso, que tenga un posgrado. Los legisladores pretenderí­an que el Gobierno de las Facultades esté dirigido por académicos posgraduados porque consideran que harí­an un mejor gobierno. El principio es correcto. Si bien un posgrado, per se, no garantiza una excelencia de gestiñon, es claro que una comunidad universitaria gobernada por sus posgraduados es más eficiente considerada en su conjunto.

PROBLEMAS NO RESUELTOS Y NUEVOS PROBLEMAS

Las principales universidades públicas de nuestro paí­s han venido registrando serias dificultades de gestión, procesando polí­ticas de iniquidad en la administración de los recursos públicos, corrupción generalizada y mediocridad acadé©mica. Estos problemas estallaron en conflictos muy serios a raí­z de las pretensiones reeleccionarias en tres universidades, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional de Puno y la Universidad Nacional de Ingenierí­a. En estos tres casos, los estudiantes tomaron las universidades durantes tres a cinco meses en rechazo a la reelección y demandando elecciones universales.

En este contexto la ley de no reelección es un avance muy positivo. Pero como las modificaciones establecidas por esta Ley deben insertarse en los Estatutos de las Universidades Públicas, en estos momentos se vienen realizando sesiones de las Asambleas Universitarias para adaptar sus estatutos a la Ley. Y es aquí­ donde vemos que se presenta un probable elemento de crisis para el futuro inmediato. Se trata de la interpretación del artí­culo 37.

Ya no en relación al tema de la reelección sino en relación a la demanda de posgrado para ser Decano.

El artículo 37 establece que el Decano es un posgraduado, sin embargo el artí­culo 34 de la Ley Universitaria, no exige esa condición para el caso del Rector, lo que constituye un absurdo jurí­dico. En la medida que el Decano debe ser un posgraduado, el Rector también tendrí­a que serlo.

Sin embargo, el artí­culo 34 establece que para ser rector se requiere:

"Tener el grado de Doctor, o el más alto título profesional, cuando en el paí­s no se otorgue aquel grado académico en su especialidad." Aquí­ no se considera la opción del grado de Magister y se propone como alternativa al grado de Doctor la del tí­tulo profesional. En consecuencia, se puede ser rector sin ser posgraduado. Pero a la vez, no se puede ser Decano si no se es posgraduado. De esta manera se llegarí­a al absurdo que un Profesional sin posgrado sea excluí­do como candidato a Decano de su Facultad pero termine siendo elegido rector de la Universidad.

Sin embargo el criterio del legislador sigue siendo correcto al demandar el más alto grado académico, Doctor, para ser Rector como para ser Decano, pero se equivoca al identificar la alternativa de la conjunción disyuntiva, una valla menor para el rector y una mayor para el decano.

El artí­culo 34 como el artí­culo 37 se construyen sobre la base de una conjunción disyuntiva que tiene carácter de excluyente. Es una o es la otra. Pero esta conjunción no se compone de términos equivalentes que se excluyen simultáneamente. Porque los contenidos de la conjunción son grados académicos y los grados académicos no se pueden tratar como equivalentes.

No se puede sostener que el grado de Magister es equivalente al de Doctor. Y más grave todaví­a con el artí­culo 34, sostener que es equivalente el grado de Doctor con el Tí­tulo Profesional. La lectura fácil, conveniente y por eso, oportunista, que se ha hecho todos estos años, es que la conjunción está compuesta de términos equivalentes. Me piden el grado de Doctor o Tí­tulo Profesional, si tengo el segundo está bien, "es uno u otro" se nos dice.

Pero no estamos diciendo que se requiere zapatos o zapatillas para ingresar a un auditorio, uno u otro. El artículo 34 como el artí­culo 37 establecen como requisito para ser Rector o Decano, el tener el más alto grado académico, Doctor. ¿Y si ningún candidato cuenta con el grado de Doctor? Entonces se valida la alternativa. De acuerdo con el artí­culo 37 el grado de Magister y con el artí­culo 34 el Tí­tulo Profesional (por absurdo que parezca).

LA CRISIS EN PERSPECTIVA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIóN

La solución a este problema es la modificación del artí­culo 34 en los términos del artí­culo 37. Para ser Rector se requiere contar con el doctorado o el magister. Si nadie cuenta con el doctorado entonces se debe elegir rector entre quienes tienen el magister. Igual para el caso del Decano. De esta manera los más altos cargos en la gestión de la universidad pública estarán en manos de posgraduados.

El artí­culo 48 proporciona un argumento que confirma el sentido de la conjunción disyuntiva de los artículos 34 y 37. Como se ha dicho, estos artí­culos demandan el grado de doctor o el Tí­tulo Profesional (rector) o el magister (Decano). Pero el pre requisito para ser Decano o Rector es ser profesor principal. ¿Y cuál es el requisito para ser Profesor Principal?

El artí­culo 48 señala que, entre otros requisitos, para ser profesor principal se debe tener:

"el grado de Maestro o Doctor (…) "

Fí­jese que no dice el grado de Doctor o Maestro. Dice el grado de Maestro o Doctor. El artículo 48 invierte los contenidos de la conjunción disyuntiva del artí­culo 37. Para ser Decano o para ser Rector se requiere ser Profesor Principal. Y para ser Profesor Principal se requiere ser Maestro o Doctor. La valla más baja está en primer lugar. Como mí­nimo se requiere el grado de Maestro.

En consecuencia, la condición de Profesor Principal es un pre requisito que demanda una menor exigencia que la que se requiere para un cargo de dirección. Y esto es totalmente coherente. El artí­culo 34, el 37 y el 48 se proponen lo mismo. Que las categorí­as principales de los Docentes y las Autoridades sean posgraduados.

Sin embargo y a pesar que el artículo 48, el artí­culo 34 y el artí­culo 37 establecen claramente el requisito del doctorado, en la gran mayorí­a de nuestras universidades los Profesores Principales no tiene posgrado y las autoridades como Decano y Rector, tampoco. ¿Por qué?

El artí­culo 48 nos brinda una explicación. Para ser profesor principal se requiere tener:

"el grado de Maestro o Doctor y haber realizado trabajos de investigación de acuerdo con su especialidad. Por excepción podrán concursar también a esta categorí­a, profesionales con reconocida labor de investigación cientí­fica y con más de diez (10) años de ejercicio profesional."

El panorama es mucho más claro. No sólo debe tratarse de un posgraduado, Magister o Doctor, también se requiere haber realizado trabajos de investigación. Además del posgrado se demanda experiencia en investigación. El problema es la excepción.

La ley ha buscado resolver un problema que puede presentarse. ¿Qué pasa con quienes no son posgraduados pero han realizados una reconocida labor de investigación cientí­fica y (ojo aquí­ la conjunción es copulativa, no excluye los contenidos sino los integra) cuentan con más de 10 años de experiencia profesional?

Estos casos son una excepción. Y deben tratarse como tal. Se evalúa la reconocida labor de investigación y la experiencia profesional y se les otorga la categorí­a de principales.

Desgraciadamente esto no es lo que se ha hecho en las Universidades de nuestro paí­s y es, tal vez, la razón por la que hoy se tiene un entrampamiento que puede conducir a una nueva crisis de la universidad pública.

Muchas universidades han procedido al ascenso a la cateogrí­a de principal a sus docentes con el solo requisito de 10 años de experiencia profesional. Con la justificación de los bajos salarios, las universidades procedieron a incrementar los salarios modificación la categorí­a de sus docentes. De esta manera pasaron a ser profesores principales quienes no cumplen los requisitos que establece el artí­culo 48.

Y de este grupo de profesores es de donde surgen los candidatos a Decano y Rector que interpretan el artí­culo 34 y el 37 en su propio interés. Para ser rector basta el título profesional y para ser Decano también hasta antes de Diciembre del 2005.

Hoy no pueden ser Decanos pero sí­ pueden participar de la modificación de los Estatutos en la Asamblea Universitaria. Y aquí­ empiezan a sembrarse los elementos de una nueva crisis.

La Asamblea Universitaria de la UNI, por ejemplo, acaba de aprobar la modificación de su Estatuto "adecuándola" a la ley 28637. Se trata de una "interpretación auténtica".

Han acordado que la conjunción disyuntiva tiene contenidos equivalentes. Basta con la Maestrí­a y no es necesario el Doctorado. Pero han ido más allá. El artí­culo 37 vigente dice que para ser Decano se debe tener:

"el grado de Doctor o Magister en la especialidad."

El primer contenido de la conjunción disyuntiva es claro, tener el grado de doctor. El segundo nos parece también claro, tener el grado de Magister en la especialidad. La interpretación auténtica de la Asamblea Universitaria de la UNI sostiene que para ser Decano se requiere tener el grado de Doctor en la especialidad o el grado de Maestro en la especialidad.(!!) Pretende restringir el Doctorado a la especialidad. Mientras la ley se propone colocar a un Doctor en la dirección de la Facultad, la Asamblea Universitaria de la UNI quiere excluir a todos los doctores en la UNI por el pecado de haber hecho un doctorado en una especialidad distinta a la de su Facultad. Pero por extensión, hace lo mismo con los Magister.

El resultado es la crisis. Es poco probable encontrar posgraduados con la especialidad de su Facultad. ¿Quiñen va a asumir el Decanato en estas circunstancias? ¿Decanos interinos que conducen a la inestabilidad a la institución?

Y más aún todaví­a. La interpretación auténtica sostiene que la especialidad de la Facultad debe ser una condición del posgraduado candidato. ¿Por qué?

El artí­culo 37 del capí­tulo IV de la Ley Universitaria, se refiere al Gobierno de la Universidad y especí­ficamente a los requisitos que debe cumplir el DOCENTE para asumir como autoridad. No se refiere a la INSTITUCIÃÓN. La Asamblea Universitaria de la UNI "interpreta" que el Decano de la Facultad de Ingenierí­a Ambiental tiene que ser un Profesor Principal con Maestrí­a o Doctorado en Ingenierí­a Ambiental.

La única explicación que encontramos a esta conducta es el rechazo de las autoridades actuales de la UNI a la ley. Una ley que está orientada a mejorar la gestión de las universidades colocando a los miembros de mayor nivel académico al mando. Los mediocres no tienen espacio aquí­ pero, desgraciadamente, en muchos casos, son las autoridades actuales.

Pensamos qu la ley debe ser modificada en el artí­culo 34 para ser coherente con el artí­culo 37 y el artí­culo 48. Pero consideramos también que el tema no termina con la no reelección, que es un paso importante. Pensamos que la elección de las autoridades universitarias debe realizarse en un proceso democrático donde participen todos los ciudadanos universitarios, estudiantes, trabajadores y docentes.

La ley es un paso adelante en cuanto a la calificación de los candidatos a autoridades. Falta ahora completar el proceso con elecciones universales.

En el Banco de Proyectos del SNIP¹ se encuentran registrados un total de 19704 Proyectos de Inversión Pública de los cuales, a nivel de perfil, se encuentran 19251, el 98% del total. Del total de Perfiles, 14670 han sido aprobados y cuentan con la declaración de viabilidad o está¡n por obtenerla ²; esta cifra representa el 76% de los perfiles en el Banco de Proyectos.³ 1128 proyectos, el 6% del total de perfiles ha sido rechazado por el sistema. Y quedan por ser aprobados (o rechazados), 3453 perfiles, 18% del total de perfiles, que están en condición de observados.

Con estas cifras se puede concluir que la probabilidad de un perfil de ser aprobado en el Sistema es bastante elevado ⁴. Sin embargo esto no es tan exacto. Las cifras mencionadas permiten evaluar los perfiles al interior del sistema y con los parámetros del sistema. Pero no permiten realizar comparaciones con el total de perfiles de proyectos de inversión pública que no se encuentran todaví­a en el sistema.⁵⁶.

Si se pudiera contabilizar el total de perfiles de proyectos de inversión pública que deberí­an estar en el sistema; es decir los que van a ingresar próximamente más los que evaden el sistema y los que ya están en el sistema, la probabilidad de lograr la viabilidad descenderí­a. Por ahora, una de cada cuatro propuestas de inversión pública ha sido rechazada por el sistema. Y esto signfica que se ha logrado evitar un gasto innecesario de recursos públicos.

Sin embargo, la inversa de la anterior expresión no es cierta. Si bien es cierto, afirmar que 3 de cada cuatro propuestas de inversión pública han sido aprobadas, no se sigue de ello, necesariamente, que se ha logrado asignar de manera eficiente los recursos públicos.

La aprobación de los perfiles está encargada a las OPIs ⁷sectoriales ⁸, regionales, provinciales y locales ⁹. Muchas veces la declaración de viabilidad es otorgada por la misma OPI que aprueba el perfil o por la OPI del nivel inmediato superior. La evaluación de los perfiles evaluados le corresponde al nivel superior del sistema, la DGPM ¹⁰, y esta evaluación tiene un carácter muestral. En consecuencia, es posible que un perfil formulado por una oficina de una institución pública y aprobado por otra oficina de la misma institución, pase a la etapa de inversión sin que el proyecto represente una solución real a un problema real.

Y no estamos sosteniendo que se trate, necesariamente, de un problema de corrupción. En nuestro país la cultura de proyectos recién empieza y no se puede esperar que los proyectos alcancen un nivel de formulación ideal. Pero, ¿qué problemas se pueden encontrar en la formulación de los perfiles de proyectos de inversión pública?

Aquí­ queremos explicitar uno de los problemas que más dificultades presenta en la formulación de un perfil. Es el problema de la oferta optimizada.

La lógica de la formulación de un perfil es la siguiente. Existe un problema. Existe una idea que soluciona el problema. Se miden los costos de la solución y los beneficios que genera. Y si los beneficios son mayores que los costos, la idea debe ponerse en marcha. Sin embargo la sola formulación del problema es un gran problema. El problema existe siempre que la demanda es mayor a la oferta. La brecha de demanda debe ser resuelta, parcial o totalmente, por el proyecto. El siguiente diagrama muestra la brecha de demanda aplicando el esquema del modelo simple de oferta y demanda.

La brecha de demanda es una situación de desequilibrio en el mercado. Al precio P la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada. En la medida que el mercado no es libre, la brecha de demanda, o escasez, no se resuelve por el mecanismo del incremento de los precios. Si el precio sube sube la cantidad ofertada, disminuyendo la escasez, y disminuye la cantidad demandada, disminuyendo más la escasez. Sin embargo, el funcionamiento del mercado si bien hace desaparecer la escasez lo hace a costa de expulsar del mercado a una parte de los demandantes y a una parte de los ofertantes. ¹¹

La brecha de demanda puede ser resuelta mediante un proyecto de inversión que incremente la capacidad de oferta del mercado. Esto es, un desplazamiento a la derecha de la curva de oferta del mercado. El proyecto puede desplazar la curva de oferta hasta absorver la brecha de demanda o puede disminuir la brecha de demanda. En el grafico que sigue se asume que el proyecto es una respuesta parcial al problema.

El proyecto desplaza la curva de oferta hacia la derecha. Ahora la cantidad ofertada es mayor y la cantidad demandada es la misma que antes del proyecto. En consecuencia, la brecha de demanda se ha reducido y el proyecto es una respuesta parcial al problema. Observe que en este caso, y en la medida que la brecha de demanda es menor, una solución ulterior de mercado es menos costosa en términos sociales. Esto quiere decir que si el precio se libera, los productores y consumidores que quedan fuera del mercado son menos que en la situación sin proyecto.

El tamaño del proyecto determina el grado en que se resuelve el problema, el grado en que se reduce la brecha de demanda. Esto parece ser bastante simple. En general todos los perfiles se formulan de esta manera. Dada la brecha de demanda, el tamaño del proyecto reduce la brecha. Sin embargo esta visión del problema no es completa si no se considera la oferta optimizada.

¿Qué es la Oferta Optimizada?

Un proyecto de inversión pública está orientado a incrementar la oferta de un cierto bien o servicio ¹². Y el proyecto se realiza porque se busca absorver, total o parcialmente, la brecha de demanda. Sin embargo la brecha de demanda no se mide como la diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofertada, sino como la diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofertada optimizada. Es decir, antes de estimar la brecha de demanda, se tiene que estimar la capacidad óptima de la oferta y no la capacidad actual. Es decir, la capacidad actual de oferta no es, necesariamente, la capacidad óptima de oferta. Un ejemplo simple nos puede ayudar en este punto.

En un pueblo en zona rural de la sierra hay una pequeña escuela con un aula con capacidad para 20 alumnos, una Profesora, una pizarra, etc. y 40 estudiantes. La demanda es 40 la oferta es 20 y la brecha de demanda es 20. Como la capacidad de oferta es 20, para cubrir la brecha de demanda el Alcalde del pueblo se propone construir una segunda aula. Con la segunda aula la capacidad de oferta es igual a la demanda y la brecha de demanda desaparece y, además, el Alcalde logrará ser reelegido.

Si el Alcalde no está obligado a pasar su proyecto por el SNIP la segunda aula se construirá, la brecha de demanda desaparecerá y el Alcalde continuará por un período más. Pero si el Gobierno Municipal está incorporado al SNIP,  el perfil de este proyecto no será aprobado, no se construirá una segunda aula y el Alcalde tal vez no será reelegido. ¿Por qué? Porque el sistema requiere que la brecha de demanda se estime considerando la oferta optimizada y no la oferta actual. La oferta actual de la escuela permite atender solo a 20 estudiantes. Para ello se cuenta con la construcción, el moviliario y el personal necesario. ¿Qué si se decide abrir un segundo turno? Con un segundo turno la brecha de demanda desaparece y no es necesario ningún gasto de inversión aunque sí­ se incrementa el gasto corriente por la contratación de un segundo profesor. El gato público no va a crecer en la magnitud que hubiera crecido si el perfil no pasaba por el SNIP.

En consecuencia, la brecha de demanda debe estimarse en términos de la oferta optimizada ¹³. Para ello es necesario hacer un inventario de los recursos disponibles para generar la oferta actual;establecer los indicadores de optimalidad de cada recurso y, finalmente, determinar la oferta optimizada ¹⁴. En el grafico que sigue estamos asumiendo que la oferta optimizada absorve totalmente la brecha de demanda.

La brecha de demanda, estimada como la diferencia entre la oferta y la demanda, genera la percepción del problema y la búsqueda de soluciones. La primera de las soluciones a considerar es saltar de la situación de la oferta actual a la situación de la oferta optimizada. Si al volver a medir la brecha de demanda ésta sigue existiendo, entonces recién tenemos un problema real y hay que pasar a proponer alternativas de solución.¹⁵

Pero así­ como en nuestro ejemplo, el Alcalde podrí­a no estar interesado en optimizar la oferta, así­ también ocurre con la mayorí­a de proyectos, donde los intereses políticos terminan priorizando inversiones públicas y el gasto de los recursos públicos, en proyectos que no tendrí­an que implementarse si se optimizan los recursos disponibles.

Si la capacidad actual de oferta es igual a la oferta optimizada entonces la brecha de demanda se mantiene y el proyecto debe continuar con las siguientes etapas de su formulación técnica. Pero no basta presumir esto, es necesario estimarlo. En otras palabras, la eficiencia en el empleo de los recursos no es un supuesto.