En primer lugar hay que decir que esta resolución es una confirmación de las denuncias que hiciéramos los grupos estudiantiles (Tercios y ACUNI) y algunos profesores nucleados alrededor de la ADUNI  en los movimientos del 2001 y del 2004. Teníamos razón, pero los mecanismos legales de nuestra democracia son tan lentos que recién ahora siete años después se nos hace justicia. En aquellos tiempos se nos perseguía y se nos tildaba de revoltosos. Hoy debemos estar satisfechos porque la historia nos ha dado la razón.

Pero la conclusión más importante que hay que sacar de la resolución Matute es que estos 16 años donde la UNI ha sido manejada por Sota Nadal y  sus herederos coinciden con  16 años de frustración académica de la UNI. Somos la novena universidad en el ranking nacional publicado por la ANR y no figuramos ni en las 500 mejores de ningún ranking mundial. Y es que Sota Nadal implantó en la UNI un sistema malévolo de desaliento al investigador y al desarrollo académico. Sistema que perdura hasta ahora y que se basa en el canje de votos en la Asamblea Universitaria por puestos administrativos bien remunerados en las empresas y dependencias de la UNI que generan recursos propios. El ejemplo más lamentable de cómo el sistema corrupto instaurado por Sota Nadal actúa  en contra del desarrollo académico de nuestra universidad es la Facultad de Ingeniería de Petróleo. Esa Facultad que en el papel es propietaria de las  empresas UNIPETRO ABC y Petro UNI. sigue tan pobre como en 1992. De sus laboratorios no ha salido ningún artículo de investigación. En 16 años no ha producido ninguna maestría en petróleo, ni en prospección, ni en su propia Escuela de Posgrado, ni en otra. Todo el beneficio producido por estas dos empresas en estos 16 años se ha concentrado en los bolsillos de sus respectivos gerentes: Cataño y Grajeda.

Consecuentemente, como respuesta al informe Matute, la UNI tiene que tomar inmediatamente una decisión de cambio. El consejo universitario tiene que tomar control de las empresas de la UNI, aun cuando tengan el carácter de sociedades anónimas; recordar que en cada caso más del 90% de las acciones son patrimonio de la UNI. En segundo lugar, apartar de las gerencias de esas empresas y de las direcciones de otras dependencias a funcionarios que se enriquecieron en la era Sota Nadal sin aportar al desarrollo académico de la UNI. En tercer lugar y más importante, los miembros de la actual Asamblea Universitaria tienen que demostrar que esta asamblea es diferente a las anteriores. Para ello sus miembros deberían  renunciar a sus cargos pagados y modificar el estatuto UNI para propiciar un mecanismo de consulta a todos los miembros del claustro para la elección de las próximas autoridades de la UNI.